La banalidad de la barbarie
En respuesta al Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander
Desde 2016 ha muerto en Yemen una población equivalente a la de toda Torrelavega. La mayoría a causa de bombardeos saudís. Víctimas civiles, niños y niñas. Si alguien tiene o tuviera la mínima capacidad de contribuir a la paz, debe hacerlo ya.
Dicho esto, en su edición del 18 de noviembre, el Diario Montañés publicó una tribuna sobre “El Puerto y el comercio de material de defensa”, donde se descargaba de responsabilidad a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) en cuánto al tráfico de armamento con Arabia Saudí. Ante esto, el colectivo Pasaje Seguro querría analizar, desde una perspectiva legal y ética, los argumentos esgrimidos en dicho artículo:
El presidente afirma: “este tipo de comercio es una decisión soberana del Gobierno, en función de la legislación española y la normativa comunitaria e internacional”. Sin embargo, la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa, estipula que “las solicitudes serán denegadas cuando existan indicios racionales de que el material pueda ser usado en acciones que puedan exacerbar conflictos o violar derechos humanos”. La Posición Común 944/2008 de la UE, establece el compromiso a “denegar licencias de exportación si existe un riesgo manifiesto de que la tecnología militar pueda ser utilizada para debilitar la paz”. Es más, la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre Yemen, descarta la autorización de exportaciones a Arabia Saudí, dado el riesgo manifiesto de que puedan utilizarse para violar el derecho internacional humanitario”. Resumiendo, lo apruebe el Gobierno o no, exportar armamento a Arabia Saudí es ilegal a nivel estatal, europeo e internacional.
El presidente de la APS señalaba que “la denegación de autorizaciones relativas al comercio exterior está lejos del ámbito de competencias de la APS”. Nadie responsabiliza a la APS de dichas autorizaciones, pero conocer las leyes mencionadas debería ser motivo para realizar una consulta a la Abogacía del Estado, dados los indicios de ilegalidad que pesan sobre este tráfico de armas.
Jaime González resalta que “cuando un cargamento dispone de permisos legales para operar, la APS se centra en habilitar los medios operativos”. Dado que es solo un eslabón de la cadena cumpliendo órdenes, no importa si los contenedores están repletos de opio; lo importante no es su contenido ni la barbarie que pueda provocar, sino que la documentación esté en regla. Nuestra recomendación es que cada eslabón de la cadena asuma su responsabilidad.
Como “la labor de la APS se centra en que de ese tráfico no se derive ningún riesgo para la población ni los trabajadores”, debemos recordar el Real Decreto 145/1989 que prohíbe la carga de explosivos en horario nocturno, ya que en septiembre, 400 bombas fueron cargadas de noche en Santander. Otra ilegalidad. Nadie quiere un monumento a las víctimas del muelle de Raos. Las víctimas del Machichaco ya fueron demasiadas.
Afirmaciones como “la decisión (de suspender la venta) puso en riesgo 6.000 empleos a cuenta de la anulación del contrato para la construcción de corbetas”, evidencian que los puestos de trabajo solo importan cuando el negocio genera dividendos millonarios. Si los 36.000 millones de euros públicos invertidos en la industria armamentística se hubiesen invertido en energías renovables, seriamos una potencia industrial, pero preferimos liderar un sector que necesita muertes para sobrevivir.
Nadie piensa que el presidente del Gobierno, los ministros de Exteriores, Defensa e Industria y Comercio, o algún miembro de la Junta Interministerial encargada de aprobar las exportaciones -denominada Jimmdu-, querrían robar la vida a una muchacha yemení cuando va a la escuela en un autobús a punto de ser bombardeado, pero es lo que pasa con dichas decisiones; tranquilidad, ya sabemos que no son ellos, sino OHL, ACS, Sacyr e Indra, quienes deciden.
Aunque Jaime González reconozca que “no le está permitido gestionar la institución por sus convicciones éticas”, nos resistimos a aceptar un mundo donde la moral no subyace en cada acto de nuestra vida. Por ello fueron entregadas 19.350 firmas a la APS y solicitamos una reunión con el presidente de la APS para cooperar en la búsqueda de soluciones. Hasta entonces, seguiremos movilizándonos por la legalidad y por la vida, en Yemen y en Santander.
